El Gobierno Nacional recibió el informe técnico de la compañía ETA S.A, interventora del proyecto del viaducto atirantado de Hisgaura, el más alto de Suramérica, que es construido por la española Sacyr en el noreste del país y cuya calidad ha sido cuestionada.

El documento, detalló el Ministerio de Hacienda en un comunicado, incluye "la nueva modelación de la estructura con las cargas y geometrías actuales, el análisis técnico realizado por la interventoría y el protocolo para la prueba de carga".

El viaducto, que requirió una inversión de 107.000 millones de pesos (unos 33,6 millones de dólares) y aún no ha sido dado al servicio, fue construido en la carretera entre las localidades de Los Curos y Málaga para salvar las dificultades de una falla geológica.

De ese dinero hay un saldo por pagar a Sacyr de 14.500 millones de pesos (unos 4,5 millones de dólares).

La obra, que está construida a una altura de 148,3 metros y que tiene 653 metros de longitud, el más largo del país, es objeto de controversia tras conocerse imágenes en las que se ve que el puente tiene pliegues en uno de sus tramos.

Esa situación fue revelada en un informe de un ingeniero del estatal Instituto Nacional de Vías (Invías) y, según algunos expertos, las fotos muestran "desniveles de viga de rigidez".

Es por eso que el estatal Instituto Nacional de Vías (Invías) revisará el informe de verificación estructural de los diseños del viaducto Hisgaura y "en caso de surgir inquietudes" realizará las mesas de trabajo que sean necesarias con ETA para "resolverlas".

"Las conclusiones de dichas mesas se tendrán a más tardar el 29 de noviembre y se remitirán al contratista para que este presente el cronograma de la prueba de carga", agregó la información.

En ese sentido, el Ministerio de Hacienda precisó que aún no hay una fecha determinada para realizar la prueba de carga del viaducto, pues esto "dependerá del cumplimiento de las acciones anteriormente descritas".

El viernes pasado, Édgar Ortiz, gerente del Fondo Adaptación, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda de Colombia que se encarga de ejecutar proyectos estructurales para el desarrollo territorial, manifestó que el informe les permitirá determinar si "recibe o no el puente a satisfacción".

Si la entidad no encuentra "viable el recibo a satisfacción" adoptará medidas "administrativas y legales" contra el contratista e interventor con el fin de "resguardar los recursos públicos" y "garantizar la indemnización" por posibles daños.

Tras las acusaciones, Sacyr afirmó que la "seguridad y estabilidad" de la estructura están garantizadas, así como que es "fiable, estable, segura" y cuenta con las condiciones de prestar el servicio "para el que fue diseñada".

EFE